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El proyecto de Ley de Memoria Histórica enfila la próxima semana la recta final de su aprobación en las Cortes después de una atribulada vida parlamentaria y mediática. El texto mantiene el espíritu sectario que lo animó desde el principio, a pesar de que el Gobierno y sus socios han tratado ahora de enmascararlo.

El proyecto estrella de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero llegó la semana pasada al Parlamento sin haber perdido ni un gramo de su carga polémica. Y ello, a pesar de que el Gobierno ha intentado que, en su nueva redacción, pasaran algo más desapercibidos los rasgos principales de la ley: su sectarismo, su voluntad de instituir una memoria oficial y su ánimo de confrontación.

El propio Gobierno ha tenido grandes dudas respecto a la oportunidad de sacarla adelante en esta legislatura. En octubre de 2005, ocho meses antes de que la ley fuera aprobada por el Consejo de Ministros, el CIS dio a conocer una encuesta en la que el 73 por ciento de los españoles consideraba justo “reparar a las víctimas de los dos bandos”. La encuesta ponía en entredicho el proyecto inicial del Gobierno, por lo que Moncloa se vio forzada a filtrar a un diario amigo que la futura ley reconocería a todas las víctimas, sin distinción de bandos.

Sus socios, en especial ERC e IU, pusieron el grito en el cielo ante este anuncio y, desde entonces, quedó marcado el destino de la ley: hacer como que era para todas las víctimas, pero acudir a triquiñuelas para que, en realidad, sólo lo fuera de exaltación republicana y, además, no se enterara nadie.

Los socios de Zapatero sacan provecho

Antes de entrar en estas argucias de legislador de medio pelo, convendría recordar otro episodio muy significativo. La ley fue admitida en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2006, pero en marzo del año siguiente, con los tiempos de legislatura en trance de agotarse, los socios del Gobierno sacaron provecho, para sus propias arcas, de la urgencia de José Luis Rodríguez Zapatero por ver su proyecto estrella en marcha.

De esta manera, el PNV, ERC e IU le pusieron en la mesa a Zapatero una condición para apoyar la Ley de Memoria Histórica: que el Gobierno reformara la Ley de Restitución de Bienes y Derechos Incautados en la Guerra Civil y la Dictadura. Una reforma que implicaba una vía de financiación extraordinaria de estos partidos políticos, a la que el Partido Socialista se acabó por sumar, encantado.

Dicho y hecho, la reforma de la ley del PP salió adelante, permitiendo que los partidos existentes en la Guerra Civil pudieran reclamar indemnizaciones millonarias por edificios supuestamente incautados sin necesidad de presentar documentos de propiedad como todo hijo de vecino. Con los millones garantizados en sus alforjas a cuento de la Guerra Civil, los partidos defensores de la Memoria Histórica dieron finalmente su aprobación al proyecto del Gobierno.

Una argucia que no engaña

Pero vayamos a las triquiñuelas para hacer pasar por ley de concordia una ley sectaria. El Gobierno y sus socios han evitado tener que reconocer la ilegitimidad de los tribunales populares de la República, que llevaron a cabo parte de la represión en la zona republicana. En la ley se habla de la ilegitimidad de todos los órganos judiciales o administrativos que en la Guerra Civil cometieron delitos contra los derechos humanos, pero sólo se cita, detalladamente, el nombre de los tribunales franquistas

Esta argucia, que intenta dar la apariencia de que se están condenando los tribunales de ambos bandos, se basa en el principio jurídico de que lo que no está incluido en una ley, está excluido de ella. Esto significa que el reconocimiento de la ilegitimidad de los tribunales sólo alcanza a los del bando franquista, ya que los republicanos quedan automáticamente excluidos, pues no se hace mención alguna de ellos.

Lo mismo sucede con las disposiciones relativas a la exhumación de restos de víctimas de la Guerra Civil. La ley reconoce la posibilidad de que las asociaciones dedicadas a este fin puedan recibir subvenciones públicas. Pero introduce un elemento claramente discriminador para que sólo sea la exhumación de víctimas del bando franquista la que pueda recibir ayudas del erario público.

El procedimiento es muy sencillo. La ley fija un límite cronológico a la creación de las asociaciones que pueden recibir estas ayudas. ¿Cuál es este límite? El 1 de enero de 2004. Esto es, fecha antes de la cual ya habían sido creadas las asociaciones afines al PSOE e IU. Si un colectivo decidiera fundar una asociación a partir de ahora, pongamos que para trabajar en el campo de la represión republicana, vería cerradas las puertas a su solicitud de ayudas públicas para exhumar víctimas.

El nuevo texto trae algunas sorpresas más. La más notable, la derogación de todas las leyes franquistas que, no por casualidad, ya habían sido derogadas por la Constitución. Un brindis al sol que sólo se explica, benévolamente, como un lapsus freudiano. La segunda innovación más destacada es la obligatoriedad de eliminar los símbolos y monumentos franquistas de las iglesias y edificios privados, bajo la amenaza de no recibir subvenciones estatales.

Las contradicciones de la ley dan también mucho juego. Así, por ejemplo, se establece la “retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Pero, al mismo tiempo, la ley decreta la exaltación del papel de las Brigadas Internacionales, los voluntarios de Stalin, concediendo a sus miembros la nacionalidad española sin que tengan que renunciar a la propia.

El asunto de los recuerdos exaltadores no queda ahí. Las estatuas de Indalecio Prieto o Largo Caballero en el madrileño paseo de la Castellana, ¿son o no son una exaltación a dos personajes clave de la división y el enfrentamiento de los españoles? El nombre de Radio Nacional de España (RNE), ¿se seguirá conservando o será eliminado por ser el recuerdo del principal aparato de propaganda de guerra del bando franquista, creado en 1937 en Salamanca?

Un legislador con memoria

Queda por ver también si la indemnización de 135.000 euros a “quienes fallecieron durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos”, no será una puerta abierta a la reparación de terroristas por parte de nuestro Estado democrático. El Partido Popular ha pedido con toda lógica que se establezca como condición para los beneficiarios de esta indemnización, “que su actuación resultara conforme a los principios y valores constitucionales hoy vigentes”.

La guinda de esta ley es la declaración, incluida en la exposición de motivos, de que “no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva”. ¿Si es así, por qué el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, nombre neutro donde los haya, pasa a ser bautizado como Centro Documental de la Memoria Histórica?

El dramaturgo que no vivió la Guerra Civil

Una de las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica será la obligatoriedad de cambiar el nombre a las calles que recuerden algún episodio de la Guerra Civil o el régimen anterior. Los Ayuntamientos tendrán que modificar sus callejeros para adaptarlos a las exigencias de la nueva norma. Esta misma semana, el PSOE del Ayuntamiento de Madrid recordó un listado de 160 calles, que ya había hecho públicas en ocasiones anteriores, que, según su criterio, hacían alusión a personas o hechos históricos vetados por la futura ley. Entre ellas, se encuentra la calle de Pedro Muñoz-Seca, asesinado en Paracuellos del Jarama. Escritor teatral y crítico con la II República, murió con este Gobierno y, por tanto, no vivió la Guerra Civil ni el régimen posterior.

Fuente: La Razón - España

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