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Tienen una deuda millonaria. La ayuda del Gobierno, el papel de Felisa Miceli y por qué siguen emitiendo, sin que le cierren las cuentas como a cualquier ciudadano común.

Según consta en los archivos del Banco Central de la República Argentina, Hebe de Bonafini y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que ella preside, tienen este año 34 cheques rechazados por falta de fondos por un valor de $403.984,96. La cifra sólo abarca los primeros tres meses del año, ya que la última estadística del BCRA llega al 26 de marzo. Si se toma en cuenta todas los cheques emitidos desde 2004, los “rebotes” financieros totales de Bonafini son más amplios y superan el millón y medio de pesos.

En la central de información del BCRA figuran, desde el 11 de noviembre de 2004 y hasta el 26 de marzo de 2008, 147 cheques rechazados por un monto que asciende a $1.668.270,39. La mayoría rebotados durante el año pasado. Las sumas individuales van desde los $170.000 por cheque a $37,50.

Rebeldía insólita. La mayoría de los cheques corresponden a la Fundación de las Madres, aunque 10 son de la Asociación Rebeldía y Esperanza, una organización social dedicada a la fabricación de cerámicos, venta de madera y enseñanza de adultos, que también obtuvo, en 2005, un permiso del gobierno porteño para tener puestos ambulantes y la concesión de una calesita en la Plaza de los Dos Congresos.

¿Por qué, tras 147 cheques sin fondos en los últimos cuatro años ni Bonafini ni las Madres han sido inhabilitadas para emitir? Perfil.com consultó al área de cheques rechazados del Banco Central, donde manifestaron que una persona u organización puede seguir emitiendo “siempre y cuando se pague la multa”. Las multas de los 147 cheques rebotados fueron pagadas por Bonafini y las Madres, a diferencia de los montos rechazados ya que sólo 111 cheques fueron abonados, mientras que 36 ($484.054,99) siguen impagos.

La activa militancia que Bonafini pregonó a favor de la gestión Néstor Kirchner, antes, y que protagoniza a favor de Cristina Fernández, ahora, ha despertado las suspicacias de quienes ven detrás de todo esto una extraña operación financiera. Hebe y las Madres recibieron de la Secretaría General de la Presidencia $1.410.000 pesos el año pasado, según consta en el Presupuesto.

Perfil.com intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Felisa Miceli, la encargada de manejar las finanzas de las Madres desde noviembre del año pasado. Miceli asumió el cargo cuatro meses después de su polémica salida del Gobierno por el escándalo de la bolsa con dinero en su baño. La ex funcionaria no respondió la decena de llamados de este medio.

Miceli es la indicada para hablar del tema. No sólo porque busca ordenar las cuentas de la Fundacion presidida por Bonafini, sino también porque fue la ministra de Economía que avaló el pago del $1.410.000 como aporte no reintegrable en el presupuesto 2007. Según reveló la revista Noticias, en la Fundación de las Madres hay una interna abierta entre Miceli y Sergio Schoklender por el manejo del dinero que reciben del Estado. “Schoklender es el que aprieta y el que maneja las cooperativas de viviendas, y Felisa es la que factura”, comentó a la revista una fuente que conoce de la pelea.

Mientras el Gobierno construye todos los días una doble moral sobre el pago de las deudas y lleva adelante operativos mediáticos contra los evasores, la chequera de Hebe está al rojo vivo y la ministra de Economía de las Madres no da la cara.

Fuente: Perfil.com

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No conforme con haber ordenado a las fuerzas policiales y de seguridad que le informen sobre todos los pedidos que reciben de los jueces, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, estableció también un férreo control sobre la Oficina Anticorrupción (OA), que redundará en un aún menor afán de investigar posibles hechos de corrupción de los funcionarios del Gobierno.

En efecto, mientras aumentan las críticas judiciales a la decisión del ministro de usar a las fuerzas policiales y de seguridad que de él dependen para saber qué medidas de investigación ordenan los jueces, se conoció otra resolución del ministro, fechada el 21 mayo, en la que dispuso que cualquier investigación que vaya a encarar la OA solamente podrá ser promovida mediante “una solicitud expresa del fiscal de control administrativo”, Abel Fleitas Ortiz de Rosas.

Antes, esa facultad de iniciar investigaciones en la OA no era privativa de su titular y cualquier investigador del organismo podía darles comienzo.

La nueva modalidad concentra el poder de decisión en un subordinado del ministro, pues la OA depende del Ministerio de Justicia. A su vez, esta grave decisión se conjuga con otras dos no menos graves. Una, contenida en la misma resolución, impide que los investigadores de la OA soliciten información a organismos nacionales, provinciales, comunales y privados si no cuentan con la firma de Fleitas Ortiz de Rosas. Antes, los investigadores podían solicitar documentación o expedientes sin la necesidad de pedirle autorización al titular de la OA.

La otra medida data del año último y probablemente fue la que permitió atisbar entonces el camino cada vez más angosto que el kirchnerismo le reservaba a la OA. Consistió en anular las designaciones que los cinco investigadores principales habían ganado por concurso. Esas designaciones les habrían conferido estabilidad y permanencia a esos investigadores encargados de importantes casos de corrupción. Ahora, la continuidad de sus tareas depende solamente de la voluntad del oficialismo de renovarles, o no, sus contratos.

Bajo la gestión del matrimonio Kirchner la OA, creada en diciembre de 1999 con facultades para constituirse en querellante en casos de corrupción, se ha caracterizado por su ineficiencia.

Las nuevas disposiciones del ministro Fernández la tornarán aún más ineficiente en momentos en que hay serios casos de presunta corrupción que preocupan al Gobierno, como la valija con 800.000 dólares del venezolano Guido Antonini Wilson y el caso Skanska, que no por casualidad marchan a paso extremadamente cansino en la Justicia. De ahondarse, ambos casos podrían, a su vez, abrir nuevas investigaciones. De hecho, es lo que ha ocurrido con el de las presuntas coimas y sobreprecios de Skanska.

Es posible que el pecado original de la OA radique en su dependencia del Poder Ejecutivo, pero no es menos cierto que el actual gobierno, que llegó al poder con la promesa de Cristina Fernández de Kirchner de mejorar la calidad institucional, hace todo lo posible para inmovilizar a la ya aletargada OA.

Sumado al control que ejerce el Gobierno sobre la Justicia a través del Consejo de la Magistratura y a los intentos de acotar la independencia de la Auditoría General de la Nación, la decisión del ministro Fernández no hace más que confirmar que el kirchnerismo tiene miedo, y mucho, a ser investigado y que ya ni siquiera le preocupa que ese miedo se note.

Fuente: Diario LA NACIÓN

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La vuelta al mundo en “first class”

La Justicia investiga las cuentas de los viajes de instalación internacional de la campaña presidencial de 2007. Hay propinas por 8.570 dólares en tres días, suites de 2.200 euros por noche y desayunos en la cama de 165 dólares.

Mirar la Torre Eiffel desde un auto importado con chofer, sentarse en un restó exclusivo de la histórica Plaza del Oriente en Madrid y almorzar solomillo de buey con champagne francés. Pagar platos de 200 euros. Dormir en suites diseñadas para estrellas en hoteles de lujo. Cristina Kirchner lo hizo todo cuando era candidata. Quería que el mundo supiera que ella iba a convertirse en la primera presidenta mujer elegida por el voto en la Argentina.

El costo de sus paseos y giras de instalación internacional se acercó al escándalo, pero el Gobierno se negó una y otra vez a explicar los números de sus tours, a pesar de que fueron pagados sin excepción con fondos oficiales. Sin embargo, una causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal de Norberto Oyarbide obligó a la Secretaría General de la Presidencia a reconocer los gastos. Según la documentación oficial a la que tuvo acceso Crítica de la Argentina, Cristina gastó $7.853.090,64 en cinco viajes al exterior que en total duraron 24 días.

Durante 2007 hubo cinco giras con gastos que dispararon la polémica. Francia en febrero; Ecuador y Venezuela en marzo; México y Estados Unidos entre abril y mayo; España en julio y Alemania y Austria en septiembre, por una invitación de la empresa Volkswagen, que también está siendo cuestionada en la Justicia por parecerse demasiado a una dádiva.

Toda esta información salió desde la Casa Rosada con destino a Comodoro Py como respuesta a una denuncia realizada el año pasado, a un mes de las elecciones, por Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio y Julio Strassera. Los tres abogados pidieron que se investigara si las giras de la candidata Cristina eran ilegales. En su querella hablaron de los delitos “de malversación de caudales públicos, peculado, y/o dádivas”. La causa está en el Juzgado Nº 7, que ahora subroga –controla– Norberto Oyarbide, aunque en aquel momento estaba a cargo de Guillermo Montenegro, el juez que hoy ocupa el cargo de ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. La fiscalía es la Nº 3, de Eduardo Taiano.

Primero fue París. Para cubrirse de las críticas, Néstor Kirchner firmó el decreto 46/2007, que anunció como viaje oficial la visita de la “primera dama” a Francia entre el 3 al 10 de febrero de ese año para participar de la ceremonia de firma de la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En ese viaje y en todos los que siguieron, Cristina tuvo la compañía de una comitiva que hoy –ya como presidenta– sigue a su lado. Con pasajes en clase business de Air France volaron a la ciudad luz Héctor Daniel Mazza –secretario personal–, Laura La Torre –encargada de prensa– y el vocero presidencial, Miguel Núñez. En la documentación presentada por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Oscar Parrilli, el funcionario que figura como responsable por todos los gastos es Mazza, un grandote que hoy sigue a sol y a sombra a Cristina y que tenía bajo su responsabilidad la asistencia en Ceremonial y Protocolo a la primera dama. A su nombre figuran, en el viaje a París, pedidos de “anticipo para gastos de asistencia” a Cristina por 130.000 euros. Hay que recordar que el viaje duró siete días. En ese período, Mazza, Núñez y La Torre presentaron viáticos por US$ 22.000 en total.

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A escasos días del 2 de mayo, fin de la tregua agropecuaria, el acorrolado gobierno de Kirchner decidió enfocar sus cañones contra el dirigente rural Alfredo De Angeli, principal referente de la protesta y los reclamos del sector a nivel nacional. Basándose en un reportaje de dudosa factura y en una presentación realizada por su colega Guillermo Marijuán, el fiscal federal Jorge Di Lello se hizo cargo de las denuncias y dictaminó la “apertura de la investigación” contra De Angeli por supuesta “intimidación, incitación a la violencia y acopio de armas”.

Todos sabemos que hoy la Argentina no cuenta con una justicia independiente, hecho que ayer mismo fue denunciado por el propio presidente de la Asociación de Magistrados, Dr. Ricardo Recondo.

Está más que claro que nos encontramos frente a un nuevo acto de persecución política, de los tantos a los que nos tiene acostumbrados este gobierno kirchnerista, disfrazado ahora por una motivación legal de fiscales que jamás se inquietaron por los graves hechos delictivos y las tropelías de personajes como Moyano, D´Elìa y otros conocidos mercenarios del oficialismo.

Pero es más grave aún, y constituye una burla inadmisible, que sea el fiscal Jorge Di Lello quien pretende impulsar una “investigación” de semejantes cargos contra un dirigente rural honesto como Alfredo De Angeli, cuando los propios antecedentes de este funcionario judicial deberían autoexcluirlo inmediatamente de la mera consideración de este tipo de causas. Y nos referimos en concreto a que Di Lello fue un conocido terrorista en la década del ´70, que integró sucesivamente los cuadros dirigentes de las organizaciones subversivas ERP y Montoneros, y que incluso estuvo preso en dos oportunidades por la colocación de artefactos explosivos.

Para consideración de los lectores, más abajo transcribimos el texto completo del artículo publicado el 20 de octubre de 2003 por la Red Kalki, donde ya se denunciaban los antecedentes criminales de Di Lello, quien por entonces se había transformado en el principal perseguidor del Nacionalismo Argentino en general y del Partido Nuevo Triunfo y su líder en particular.

Ahora vemos como nuevamente este individuo, que jamás debió haber sido fiscal federal y mucho menos el fiscal electoral de la Capital Federal, se ensaña por mandato kirchnerista contra otro dirigente patriota, seguramente porque lo que en verdad le molestó al gobierno de las declaraciones de De Angeli, es que dijera que había muchos, pero muchos argentinos que no íbamos a permitir que nuestra Patria se transforme en una Cuba comunista o en una Venezuela chavista.

Sepa el pueblo juzgar.

Redacción de la Agencia de Noticias Red Kalki.

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ARTÍCULO DE LA RED KALKI
Publicado el 20 de octubre de 2003

EL PRONTUARIO DELICTIVO Y CRIMINAL DE JORGE DI LELLO, INCREÍBLEMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA FEDERAL Y ELECTORAL NÚMERO 1

I. De terrorista a fiscal federal patrocinado por Corach

Jorge Felipe Di Lello, un personaje con antecedentes criminales y carcelarios, con numerosas y probadas causas judicales por terrorismo, se hacía cargo en 1993 de la estratégica Fiscalía Federal Nº 1, la única autorizada para atender en cuestiones electorales y con la responsabilidad de representar al Ministerio Público en distintos procesos de la máxima importancia.

Su poderoso “padrino” era nada menos que el ministro de interior de la época, el ultramenemista Carlos Corach, quien sin duda había propiciado a Di Lello para tan elevada función, por ser un individuo absolutamente condicionable por su escabroso pasado.

Fiel a su mentor, el flamante fiscal Di Lello iría cumpliendo con todas las directivas del menemismo, reservando sólo su odio de ex subversivo derrotado para aquellas causas que implicaran a militares u organizaciones o personalidades encuadradas en lo que despectivamente calificaba y califica entre sus allegados como la “lacra de derecha”. Una curiosa ética y moral de alguien ingresado a la función pública como sirviente del gobierno de Menem, un régimen que aplicó durante una década un brutal proceso de privatizaciones, entrega del patrimonio nacional y destrucción de los derechos sociales de los trabajadores.

Así se refiere textualmente a Di Lello el diario “Clarín” del domingo 8 de noviembre de 1998, en un artículo publicado en su sección Zona, y bajo el título “Fiscales, de frente y perfil”:

“Fiscalía Nº 1: Es la única con competencia electoral. Su titular, Jorge Di Lello, ingresó avalado por el ministro del Interior Carlos Corach en 1993. El adjunto Jorge Alvarez Berlanda es de carrera judicial. Se pronunciaron a favor de la validez del congreso nacional del PJ realizado el 17 de julio, después impugnado por Eduardo Duhalde. No encontraron pruebas para incriminar a Corach ni al jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, por encubrimiento en la fuga del ex concejal José Manuel Pico.“

II. Los antecedentes criminales de Jorge Felipe Di Lello

Di Lello no fue por los años setenta un pacífico idealista de izquierda con algun problema policial o proceso judicial menor, sino que aplicando como método la violencia criminal, tuvo una protagónica y activa militancia en las bandas terroristas de entonces, primero en el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y luego en Montoneros.

Hagamos una breve reseña de los delitos y causas judiciales de Jorge Felipe Di Lello, y para ello citaremos parte de la presentación efectuada el 10 de abril de 2000 por el Dr. Gonzalo Torres de Tolosa ante el Juez Federal Dr. Gustavo Literas, Secretaría Nº 19 a cargo del Dr. Javier Helou:

“05-04-70: Fue detenido a raíz de la investigación practicada con motivo de la explosión ocurrida en el domicilio de Di Lello en la calle White 126 de esta Capital. En la ocasión, personal de la Cría. 40ª instruyó sumario por “Asociación Ilícita, Inf. Art.189 bis del C.P. y averiguación intimidación pública”, causa en la que intervino el Juez Federal Miguel INCHAUSTI, Secretaría del Dr. DÍAZ LESTREM. Surge que en la casa mencionada, funcionaba una célula extremista, resultando heridos como consecuencia de la explosión Enrique CELESIA y Roberto ATRIP - conocidos dirigentes extremistas. Por otra parte, en la inspección realizada en el domicilio de Di Lello se procedió al secuestro de gran cantidad de material ideológico izquierdista.”

“17-05-73: Por resolución de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, con la firma, entre otros, del Juez Genaro PEÑA GUZMAN se dispone la inmediata libertad de Di Lello (Prio. C.F. 2.496), en virtud de haber sido reformada la sentencia y condenado a dos años de prisión en suspenso por tenencia de explosivos y absuelto por el delito de asociación ilícita.”

“10-06-70: Se sobreseyó parcial y provisionalmente en la causa 5267 denominada “Intimidación Pública y daño en Plaza Miserere” a Di Lello, con fecha 22 de mayo de 1970, por orden del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº3 a cargo del Dr. Jorge Alberto AGUIRRE, Secretaría Nº14 a cargo del Dr. Luis M. RAGUCCI (h).”

“05-06-73: Causa 1573/70, caratulada “ATRIP, Norberto Eduardo y otros p/ asociación ilícita, tenencia de explosivos y presunta intimidación pública (arts.210, 189 bis y 211 del C.P.)”; Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal Federal Nº4, a cargo del Dr. Miguel A. INCHAUSTI, Secretaría Nº13 a cargo del Dr. Guillermo DÍAZ LESTREM. La Excma. Cámara del fuero resolvió declarar extinguida la condena impuesta a Jorge Felipe DI LELLO, cesando en consecuencia todos los efectos del pronunciamiento.”

“11-12-75: Causa 2306/71 caratulada “DI LELLO, Jorge por Infracción al Art.44 de la ley 17.531″: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 a cargo del Dr. Alfredo NOCETTI FASOLINO, Oficina Leyes Militares. Se dispuso dejar sin efecto el PEDIDO DE CAPTURA del causante, clase 1949, M.I. 08.007.649, solicitando con fecha 10 de mayo del año 1972. Por resolución del día de la fecha se declaró extinguida la acción penal por AMNISTÍA y se sobreseyó definitivamente en la referida causa y con respecto al aludido DI LELLO, por aplicación de los arts. 1º de la Ley 21.135, 59 inc.2º del C.P., 443 inc.5º y 454 del C.P.C.”

“Jorge Felipe Di Lello (D.N.I. Nº 8.007.649), clase 49, luego de los procesos enumerados, pasó a militar en la agrupación subversiva Montoneros. Actualmente vive en un barrio cerrado en la localidad de Alejandro Petión, Cañuelas, Ruta 205 Nº5450, Casa 85, con tel.: 02226-491897.”

“Con estos antecedentes extraña a esta defensa que Di Lello - terrorista o ex terrorista - haya sido nombrado Fiscal federal, y más aún que continúe en su cargo y en especial que no se haya excusado de entender en las presentes actuaciones.”

III. ¿Fiscal de la “democracia”?…

Llegados a este punto, nos preguntamos si un Fiscal Federal, cuya imparcialidad es inherente a su función, puede tener semejantes antecedentes delictivos y ser en la actualidad capaz de dictaminar objetivamente sobre la vida y honra de personas e instituciones. Resulta particularmente absurdo que alguien que decidió tomar las armas e integrar durante años organizaciones que pretendieron imponer sus ideas mediante el temor, el atentado, el secuestro y el asesinato, reúna ahora las condiciones básicas como para ser el representante del Ministerio Público en el trámite de la obtención de personería legal y desempeño de los diversos partidos que conforman la Democracia Argentina.

Con un desparpajo moral sin límites, el ex compañero de andanzas de erpianos y montoneros, intentó además durante algún tiempo intervenir como “fiscal”, haciendo toda clase de disparates y tropelías sin sustento legal, en causas donde se juzgaba a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas por temas vinculados a la lucha antisubversiva. Pero cuando sus antecedentes salieron a la luz y comenzaron a multiplicarse y radicarse pedidos de informes sobre la “trayectoria” de Di Lello ante diversos juzgados, el propio fiscal se apresuró a querer tapar su siniestro pasado de delincuente terrorista, consciente de que éste es totalmente incompatible con la clave función judicial que ocupa. Por ejemplo, en el expediente que estuvo a cargo del Juez Literas, pasó bochornosos momentos el fiscal Di Lello, al tramitarse los pedidos de informes de sus antecedentes ante el Registro Nacional de Reincidencia, los Juzgados Federales de todo el país, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Ejército, Marina, Aeronáutica y Fuerzas de Seguridad. Por eso, cuando la justicia decidió reabrir unas semanas atrás la causa sobre la ESMA, el propio fiscal Di Lello pidió con premura su excusación - tal como lo menciona muy al pasar y sin decir motivos Victoria Ginzberg de Página/12 -, a fin de evitar que su prontuario delictivo quedara otra vez asentado en los expedientes y pudiera tomar un mayor estado público.

Consideramos por todo lo dicho, que la permanencia de Jorge Felipe Di Lello en la titularidad de la Fiscalía Federal Nº 1 es una afrenta a la sociedad civil y democrática y al sistema judicial en su conjunto, y desde ningún punto de vista es admisible que el poder político siga sustentando los desmanejos, odios residuales y arbitrariedades de un extremista que tiene las manos manchadas con sangre. Y que traslada su “enemistad manifiesta” (artículo 55, inciso 11 del Código Procesal Penal) a toda instancia y expediente en que intervengan personas y/o grupos que no coincidan con su universo de disvalores o que estén estigmatizados por su peligroso fanatismo ideológico.

Agencia de Noticias Red Kalki
Artìculo publicado el 20 de octubre de 2003
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El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires hizo pública una declaración contra la decisión del juez Hugo Sastre de ordenar la captura del ex ministro de Defensa y académico Eduardo Aguirre Obarrio por la llamada Masacre de Trelew.

El Colegio advirtió que Aguirre Obarrio era perseguido por un presunto homicidio de hace más de 35 años y que la única razón esgrimida para ordenar su captura fue que formaba parte del gobierno de esa época.

La entidad sostuvo que el episodio investigado “tuvo su origen en el copamiento del penal de Rawson por parte de un grupo de terroristas condenados por un tribunal de derecho como era la Cámara Federal”.

Y afirmó: “Los subversivos habían asesinado a un guardiacárcel, reducido a la condición de rehenes al personal del penal, secuestrado un avión de línea donde se fugaron los principales cabecillas de las organizaciones delictivas y protagonizado un intenso tiroteo con unidades de la Marina. En dichas circunstancias, dentro de un confuso episodio se produjo la muerte de los 16 terroristas que ahora se pretende mostrar a la sociedad como héroes”.

“Revisionismo”

La declaración afirmó que los jueces utilizaban el juicio para hacer “revisionismo histórico” y denunció “un modo de actuar, propiciado por funcionarios del Gobierno y periodistas que pertenecieron a las organizaciones terroristas en la década del 70, signado por el propósito de venganza al cual se lo disfraza como una falsa búsqueda de justicia”.

“Con dolor puede verse -concluye el documento- que se está recorriendo el camino del terror como sistema de intimidación al adversario político extendiendo la responsabilidad penal, ya prescripta y extinguida, a todo aquel que, a juicio de los ahora acusadores, pudiera tener algún tenue vínculo funcional o de ideas con los gobiernos de facto que fueron propiciados y alentados, lamentablemente, desde todo el arco político partidario de nuestro país en el siglo pasado”.

Fuente: La Nación

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Por Héctor Buela, de Videos Walhalla

El 28/11/2006 quien suscribe y su patrocinante, Dr. Miguel Kayat, presentaron en la Inspección General de Justicia una denuncia contra el Centro Simón Wiesenthal por constituir una Asociación Civil que –confiesa- tiene como objetivo fundamental la persecución ideológica. Su directora, Deborah Cohen, luego de más de 14 meses (!) ha rechazado la denuncia.

Por tal motivo, con fecha 17/03/08, hemos presentado un escrito solicitando Aclaratoria, Reposición y Apelación, habida cuenta que Deborah Cohen resuelve a favor del Centro Simón Wiesenthal soslayando los hechos denunciados.

Efectivamente, la Inspectora General Deborah Cohen parece que no entendió el hecho denunciado consistente en que el Centro Simón Wiesenthal reconoció que su objetivo esencial es la persecución ideológica. Este objetivo no fue declarado por el Centro al pedir autorización para funcionar, porque ese objetivo de persecución ideológica es ilícito en nuestro País.

Seguramente la Inspectora General Deborah Cohen debe haberse enfrentado ante un conflicto y decidió resolver la cuestión sin referencia al hecho denunciado, enmarcando el caso en que al denunciar el Centro a Héctor Diego Buela y Erika Dago (juicio iniciado en 1999 y ganado por la Editorial El Walhalla a fines del 2003), no habría violado el estatuto que le otorgó personería. Pero la Inspectora General Deborah Cohen no resuelve si el objetivo de persecución ideológica declarado y confesado por el Centro como su objetivo primordial resulta ilícito y suficientemente grave para que se le retire la personería jurídica en la República Argentina.

Persistiremos. Continúa además, contra el C.S.Wiesenthal, el juicio civil por daños y perjuicios y otra denuncia penal por discriminación y persecución.

Fuente: Tsunami Político

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EFE (LONDRES) - Un experto de Scotland Yard ha abogado por la inclusión en un banco de datos del ADN de los alumnos de primaria cuyo comportamiento indique que podrían delinquir en el futuro.

Según Gary Pugh, director de ciencias forenses de la Policía Metropolitana, es necesario abrir un debate sobre hasta dónde deberían poder llegar las autoridades para identificar lo antes posible a delincuentes potenciales. “Si tenemos la forma de identificar a los jóvenes antes de que comentan algún delito, los beneficios a largo plazo para la sociedad son muy grandes”, explica Pugh en declaraciones al dominical “The Observer”.

“Se puede incluso afirmar que cuanto más jóvenes se los identifique, tanto mejor. Tenemos que averiguar quiénes van a representar la mayor amenaza para la sociedad“, agrega.

Pugh reconoce que su propuesta puede resultar polémica para padres y maestros, pero insiste en que la sociedad necesita un debate libre y maduro sobre cómo prevenir la criminalidad. En el banco de ADN británico se guardan actualmente los datos genéticos de 4.5 millones de individuos, lo que le convierte en el mayor de Europa, pero la policía cree que no es suficiente.

“El número de delitos que quedan sin resolver significa que no estamos tomando suficientes huellas genéticas de la gente“, explica el experto forense. Éste reconoce que de momento no puede pensarse en que la toma del ADN de los ciudadanos tenga carácter universal debido al costo y a las dificultades logísticas.

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El fiscal Vivanco pidió indagar al ex presidente y a sus sucesores en el gobierno de la provincia sureña, H. Icazuriaga, S. Acevedo y C. Sancho.

BUENOS AIRES (NA y EFE) — El ex presidente Néstor Carlos Kirchner fue imputado por un fiscal de cometer varios delitos en la administración de los fondos de la provincia de Santa Cruz, que fueron girados al exterior luego de haberle ganado un juicio a la Nación por la liquidación equivocada de regalías petroleras.

Se trata del fiscal Andrés Vivanco, quien pidió la declaración indagatoria no sólo de Kirchner, sino de sus sucesores en el gobierno santacruceño, Héctor Icazuriaga, Sergio Acevedo y Carlos Sancho.

La presentación del fiscal corresponde a una segunda causa por la administración del dinero entre 1997 y 2002, que fue archivado por el juez Santiago María Lozada sin que se citara a declarar a ningún funcionario.

Ahora, Vivanco pidió que los cuatro ex gobernadores declaren ante el mismo magistrado, pero además, el fiscal requirió el pedido de información a las entidades extranjeras por donde pasó el dinero de Santa Cruz, como la inversora Morgan Stanley, de Washington, y los bancos Credit Suisse, de Suiza, y UBS, de Ginebra.

El fundamento de la presentación del fiscal es un informe del contador José Lorenzo Pissani, único radical que integra el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz.

En 1992 el entonces gobernador Kirchner y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo acordaron que el gobierno nacional le reconocería a Santa Cruz 535 millones de pesos (en tiempos del uno a uno) que luego se habrían triplicado, por la liquidación equivocada de franquicias petroleras.

Vivanco sostiene que, hasta que fue elegido presidente, Kirchner y sus sucesores evitaron toda supervisión sobre este dinero.

Cuando Kirchner se concentró en su campaña presidencial de 2003, le cedió la gestión a su vicegobernador Héctor Icazuriaga, actual director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Luego llegó el turno de Sergio Acevedo de asumir la gobernación de la provincia, quien al renunciar en 2006, dejó el gobierno santacruceño a Carlos Sancho, que abandonó el cargo el año pasado en medio de una crisis institucional.

Según consignó un matutino porteño, el pedido de Vivanco detalla las posibles irregularidades que habrían cometido los sucesivos gobernadores año por año.

El documento señala que en 2006 el Tribunal de Cuentas no aprobó la liquidación efectuada por el gobierno de Santa Cruz, y también se advierte que en los informes emitidos por el Ejecutivo provincial no se explica a qué tasas se puso el dinero.

Kirchner, que en diciembre último dejó el poder en manos de su esposa, Cristina Fernández, se había comprometido en 2005 a repatriar los fondos públicos y el por entonces gobernador de Santa Cruz, Acevedo, ordenó por medio de un decreto el retorno del dinero depositado en Suiza.

En ese momento se trataba de 507 millones de dólares que, con los intereses devengados, ascendían a 521 millones, mientras que hoy la cifra asciende a unos 533 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones difundidas por un diario porteño.

Según vienen denunciando diferentes sectores de la oposición, si bien parte de los fondos retornaron al país, la promesa del ex presidente argentino no ha sido cumplida.

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• La policía necesitará una orden judicial para espiar los equipos informáticos personales
• La sentencia anula una ley antiterrorista regional y condicionará la futura norma nacional

Tribunal Constitucional (TC) de Alemania ha desbaratado los planes del Gobierno de imponer el espionaje policial de ordenadores personales como método para combatir a presuntos terroristas.

El Alto Tribunal anuló ayer una ley del estado de Renania del Norte-Westfalia que permitía a la policía realizar registros on line encubiertos a través los llamados programas troyanos, que, cual caballo de Troya, penetran en el ordenador de los sospechosos para copiar la información, que después se analiza. El principal impulsor de esta ley fue el propio ministro del Interior, el cristianodemócrata Wolfgang Schäuble, quien pretendía además extenderla a todo el territorio nacional.

La sentencia del TC establece que el servicio secreto alemán solo podrá espiar los ordenadores personales por orden de un juez y “cuando existan puntos reales de referencia de un peligro concreto para un bien de derecho de suma importancia, como la vida y la libertad humanas o la existencia del Estado”.

Los magistrados declaran inconstitucional esta ley antiterrorista por considerar que atenta contra derechos fundamentales. El alto tribunal ha hecho suyo el argumento de los demandantes -abogados, activistas de derechos cívicos y una periodista-, que defendieron la necesidad sin excepciones de autorización judicial para espiar a las personas.

CONFIDENCIALIDAD

El presidente del TC, Hans-Jürgen Papier, explicó que el fallo permite sentar las bases de un “derecho básico de garantía de confidencialidad e integridad de los sistemas técnicos de información”.

La sentencia pone en tela de juicio los planes del ministro alemán del Interior, y por esa razón varios dirigentes de la oposición la han calificado de “bofetada” para Schäuble. El ministro, en cambio, prefirió ayer ver el vaso medio lleno y destacar que “los registros on line son legítimos si se cumplen ciertas condiciones”, de modo que “lo más pronto posible” impulsará una ley federal dentro de los límites marcados por el Tribunal Constitucional.

Fuente: El Periódico de Catalunya - España

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Ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6 a cargo del Dr. Rodolfo Canicoba Corral, se ratificó la denuncia presentada por el Dr. Ricardo Monner Sans, en la que pide a la Justicia se requiera al matrimonio Kirchner las explicaciones necesarias frente al importante incremento patrimonial que se ha conocido días atrás.

Adjuntó, además, cuatro carillas del informe de “Transparencia Internacional”, que dijo se puede leer en: http://www.transparencia.org.es/ del que surge que, dijo, sobre 179 países computados en función de la corrupción y de la transparencia, la Argentina “luce en el penoso lugar 105”.

Acompañó diarios panameños que registraban la trascendencia de la información, donde, advirtió, se lee que Néstor Kirchner “fue el mandatario que más se enriqueció durante su gestión”, con amplio despliegue informativo, fotografías, etc.

Pidió que se solicitara a CNN (versión castellana) el “tape” por el cual la corresponsal en la República Argentina, luego de dar la noticia, explicó a todo el mundo que recibe la cadena internacional, que el gobierno argentino se había negado a proporcionar explicación de ninguna naturaleza.

Aportó la información proporcionada por el matutino LA NACIÓN el 17 de enero de 2008 y un ejemplarde la REVISTA NOTICIAS del 26 de enero de 2008, ya que en ambos medios escritos se afronta el tema.

Agregó Monner Sans que “no se está, por ahora, en condiciones de imputar enriquecimiento ilícito, recordándose la larga polémica doctrinal y jurisprudencial en función de que la carga de la pruebaes de aquel que resulta requerido”.

Si las explicaciones resultan satisfactorias y debidamente justificadas, agregó, “este proceso habrá concluido, pero de lo contrario, deberá avanzarse respecto del fondo del tema”.

El Juzgado debe ahora escuchar al Fiscal de la causa, que es el Dr. Eduardo Taiano, a la espera de su dictamen

Fuente: Diario Interactivo

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